La grandeza de los Estados no se mide únicamente por el tamaño de su economía, sino por su capacidad de preservar aquello que ninguna generación tiene derecho a dilapidar: su territorio, sus recursos estratégicos y su #Soberanía. Ninguna generación es dueña absoluta de la Patria; es apenas su administradora transitoria, obligada a entregarla intacta a la siguiente.

Toda nación necesita inversión privada, innovación tecnológica y apertura al mundo, y el progreso económico no debe ser temido: es condición indispensable para crear empleo, reducir la pobreza y elevar la calidad de vida. Pero existe una diferencia fundamental —y hoy, en Argentina, deliberadamente borrada— entre abrir la economía y renunciar al control estratégico del patrimonio nacional.

La tierra no es un activo financiero cualquiera. Es la base física sobre la que descansa el Estado, la seguridad nacional, la producción de alimentos, el acceso al agua, la explotación de minerales y la defensa de las #Fronteras. Una vez transferida su propiedad, las decisiones sobre ella pueden trascender el interés nacional y responder a intereses privados o extranjeros que nada deben, ni nada deberán, a la comunidad argentina.

Los grandes constructores del Estado comprendieron esta realidad con una lucidez que hoy parece extraviada. Thomas Hobbes dejó claro que la primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de la comunidad. Jean Bodin sostuvo que la soberanía constituye el atributo esencial e indivisible del poder político. Otto von Bismarck demostró que las naciones fuertes no entregan el control de sus recursos estratégicos por una ganancia inmediata, sino que los administran pensando en generaciones futuras. Y aquí, en nuestra propia historia, los mismos #Granaderos que cruzaron los Andes con San Martín no defendieron abstracciones: defendieron un territorio concreto, palmo a palmo, para que las generaciones siguientes pudieran decidir sobre él. Ninguno de ellos habría confundido la libertad de comerciar con la libertad de desguazar el territorio nacional.

Las grandes potencias jamás han dejado completamente desprotegidos sus activos estratégicos: China, Rusia, Estados Unidos, México, Perú y numerosos países mantienen restricciones para la adquisición de determinados territorios por razones de seguridad nacional. Incluso las economías más abiertas del planeta reconocen que existen áreas —fronteras, glaciares, cuencas hídricas, corredores estratégicos— donde el interés nacional debe prevalecer sobre el interés económico inmediato.

Argentina discute hoy si va a seguir siendo dueña de sí misma.

No es la primera vez que este Gobierno lo intenta: apenas asumido, Javier Milei ya había dispuesto por decreto —artículo 154 del DNU 70/2023— la derogación lisa y llana de la Ley 26.737. Esa maniobra permanece hoy suspendida por una medida cautelar judicial, bajo revisión de la Corte Suprema. El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que ahora se debate en el Senado es, en rigor, el segundo asalto contra la misma norma: la vía del decreto fracasó, y ahora se busca la vía legislativa. El texto original, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, proponía eliminar directamente el límite del 15% a la compra de tierras rurales por extranjeros, el tope del 30% para propietarios de una misma nacionalidad y el límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. Ante la falta de votos propios, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, negoció en las últimas horas un dictamen de repliegue: en lugar de borrar el límite, lo eleva del 15% al 25% de la superficie rural de cada provincia. Es un retroceso respecto del plan original, no un abandono de la lógica de fondo: el proyecto sigue eliminando el tope individual de 1.000 hectáreas, desactiva la obligación de registrar las ventas de tierras, debilita al Consejo Interministerial de Tierras Rurales —el organismo que hasta hoy controla estas operaciones— y traslada a cada provincia buena parte de la potestad de decidir cuánta tierra, y dónde, puede pasar a manos extranjeras. Uno de los mecanismos más graves del texto establece que, si la Nación o la provincia no objetan una compra en un plazo de 180 días, opera el "silencio administrativo positivo": la venta queda automáticamente autorizada, sin que el Estado haya dicho una sola palabra a favor.

Actualmente, según el Observatorio de Tierras, unas 13 millones de hectáreas rurales —el 5% del territorio agropecuario argentino, una superficie equivalente a Inglaterra— ya están en manos extranjeras, muy por debajo del tope vigente del 15%. Sturzenegger calculó que la apertura atraería unos 15.000 millones de dólares en inversión, sin presentar una sola lista de proyectos comprometidos.

La pregunta que Los Patriotas nos hacemos es ¿Cuál es la urgencia de duplicarlo y de desmontar, pieza por pieza, catorce años de control estatal sobre el #TerritorioNacional argentino? ¿Por qué insistir, por segunda vez —primero por decreto, ahora por ley—, con la misma ambición?

Javier Milei ha construido su identidad política sobre la promesa de demoler al Estado desde adentro. Se autodefine como el enemigo de la "casta" pero hoy la casta es el pueblo argentino y sus recursos naturales. El problema es que esa misma lógica anarco-mercantilista —que reduce cada función del Estado a un costo a eliminar y cada recurso nacional a un activo transable— no distingue entre burocracia superflua y soberanía territorial. Bajo esa ideología, el Estado deja de ser el garante del patrimonio común para convertirse en el obstáculo a remover en beneficio del mejor postor. Y ese es el sentido profundo de la crítica que Los Patriotas formula: un gobierno que se presenta como refundador de la Nación opera, en los hechos, como un caballo de troya. Ya lo intentó, por decreto, contra la propia Ley de Tierras apenas asumido en 2023. Ya avanzó sobre la Ley de Glaciares, flexibilizando el control sobre zonas periglaciares. Ya derogó, por decreto, el 10 de diciembre de 2024, la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que durante dieciocho años frenó los desalojos sobre tierras de comunidades originarias. Ahora insiste, por vía legislativa, sobre la misma Ley de Tierras Rurales que no pudo tumbar por decreto.

Como verán, este un patrón. Y ese patrón tiene un nombre que el sentido común popular ya le adjudica: el de un presidente que, lejos de fortalecer al #EstadoNacional, cava sistemáticamente sus cimientos. Es el topo del Estado que los patriotas argentinos deben desalojar de la Casa Rosada.

La respuesta a este debate no exige equilibrio, o estas a favor del Estado, de tu país o eres un traidor a la nación.

La inversión extranjera debe ser bienvenida cuando aporta capital, tecnología, empleo, infraestructura y transferencia de conocimiento. Pero el territorio nacional y los recursos estratégicos —el agua, los glaciares, las fronteras, los corredores como la Hidrovía Paraná-Paraguay— requieren reglas claras, límites razonables y una visión de Estado que trascienda un mandato presidencial.

El presidente Milei tiene la responsabilidad histórica de retroceder en esta estrategia de desguace del estado argentino. Y saber que la libertad económica puede coexistir con la defensa del interés nacional. Gobernar no es liquidar el Estado; es administrar con la mirada puesta en las generaciones que todavía no tienen voz ni voto.

A los ciudadanos argentinos les corresponde analizar este debate con seriedad y firmeza sin resignación. Las leyes sobre la tierra no afectan solo a una generación: condicionan el destino de las siguientes. La prosperidad y la #Soberanía no son objetivos incompatibles. El verdadero desafío consiste en construir un país capaz de recibir inversiones sin renunciar a aquello que jamás debería negociarse: el control del propio destino. Porque una patria puede abrir sus puertas al mundo sin dejar de custodiar lo que la hace patria. Y un gobierno que no distingue esa diferencia no está liberando al país: lo está vendiendo.

Mg. Harry Peralta